Somos un despacho de abogados especializados en el litigio fiscal y administrativo. Nuestra misión es defender a empresas y ciudadanos de todo acto de autoridad que afecte su patrimonio.
Licenciado en Derecho con Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito jurídico. Se ha destacado como litigante en materia fiscal y administrativa, así como consultor jurídico para diversas empresas privadas, entidades públicas y organismos parlamentarios.
A lo largo de su trayectoria profesional, ha ocupado cargos de relevancia como Director General Adjunto de Normatividad e Información de Control y Evaluación en la Secretaría de la Función Pública. También se desempeñó como Consejero de la Cámara Nacional de Comercio en Culiacán y fue Subsecretario de Transparencia y Contraloría Social del Gobierno del Estado de Sinaloa. Además, lideró el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Sinaloa como Director.
Desde noviembre de 2022, preside el Patronato de Administración del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Culiacán A.C. Actualmente, ejerce la abogacía como Fundador de la firma Respaldo Jurídico, brindando asesoría legal especializada y representación en litigios de alto impacto.
Defensa contra multas y adeudos fiscales derivados de auditorías del SAT.
Impugnación de sanciones fiscales impuestas por autoridades estatales.
Defensa legal frente a multas y créditos fiscales por parte del IMSS.
Impugnación de sanciones o cobros indebidos del INFONAVIT.
Acciones legales para recuperar devoluciones de IVA negadas.
Anulación de cobros excesivos o indebidos por impuestos prediales.
Defensa contra sanciones impuestas por la PROFECO a empresas o negocios.
Anulación de multas laborales emitidas por la STPS.
Impugnación de sanciones relacionadas con transporte público o privado.
Defensa frente a sanciones del sector financiero y reguladores.
Asesoría y defensa para anular cualquier sanción gubernamental.
Recurso legal contra la denegación de permisos de uso de suelo.
Anulación de decisiones desfavorables en procesos de licitación.
Reclamos por daños causados por el Estado a propiedades privadas.
Defensa legal contra sanciones administrativas a funcionarios.
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